Resumen semanal de Ingeniería Minera: Episodio 69

En primer lugar, la Oficina de Minerales Críticos e Innovación Energética del Departamento de Energía de EE. UU. ha seleccionado cuatro proyectos para una financiación de 73 millones de dólares a través de su iniciativa «Mine of the Future» (Mina del Futuro). Los proyectos crearán centros de pruebas nacionales para tecnologías mineras, lo que dará a los investigadores y a la industria un lugar donde probar nuevos sistemas en condiciones reales antes de su implantación comercial. Los proyectos abarcarán la minería subterránea y a cielo abierto, la electrificación, la gestión energética, la automatización, la perforación y el procesamiento de minerales. La Universidad de Arizona desarrollará un banco de pruebas subterráneo en Sahuarita, mientras que la Universidad de Missouri creará un centro de investigación en tecnología minera y trituración en Rolla. La Universidad Metodista del Sur desarrollará una mina sintética en unas instalaciones de perforación y detección en Texas, e Innovative Wireless Technologies creará un banco de pruebas que abarcará yacimientos mineros en Virginia Occidental, Colorado y Virginia. El Departamento de Energía (DOE) ha señalado que los proyectos ayudarán a trasladar las tecnologías de la investigación de laboratorio a las pruebas sobre el terreno, reducirán los riesgos asociados a la adopción comercial y ofrecerán formación práctica a los trabajadores.

Además, según Reuters, varios proveedores chinos de tierras raras han suspendido o rechazado envíos a clientes estadounidenses, ya que las empresas temen posibles represalias por parte de Pekín. A los proveedores les preocupa que cumplir con los requisitos de diligencia debida de la cadena de suministro de minerales vinculados a EE. UU. pueda exponerlos a sanciones por parte de China. El tema surge mientras los responsables estadounidenses siguen presionando a Pekín para que cumpla sus compromisos sobre las exportaciones de tierras raras y antes de la visita del presidente Xi Jinping a Washington, prevista para el 24 de septiembre. Varias empresas también se han enfrentado a largas esperas para obtener licencias de exportación, y algunos compradores estadounidenses llevan más de seis meses esperando las autorizaciones. Las exportaciones de muchas tierras raras y de los imanes relacionados se han recuperado desde que China impuso restricciones en abril de 2025, pero la oferta de materiales como el itrio, el fosfuro de indio y el tungsteno sigue siendo escasa, con precios cerca de máximos históricos. Las importaciones estadounidenses de itrio han aumentado este año, pero siguen estando más o menos a la mitad de los niveles de 2024. China envió 27 toneladas de itrio a Estados Unidos en julio tras un parón de dos meses, mientras que varias empresas estadounidenses han recibido recientemente varias licencias tras largos retrasos.

Por fin, un juez brasileño ha ordenado la suspensión de las licencias medioambientales y de las actividades mineras en la mina Grota do Cirilo de Sigma Lithium, en Minas Gerais, según un documento judicial al que ha tenido acceso Reuters. La sentencia se dictó en un proceso civil interpuesto por la Federación de Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, que alegaba que la mina se encuentra dentro del área de influencia de la comunidad quilombola de Bau. Los quilombolas son comunidades tradicionales formadas por descendientes de africanos que escaparon de la esclavitud, y sus territorios gozan de protecciones legales adicionales cuando los proyectos de desarrollo podrían afectarles. El juez Antonio Lucio Tulio de Oliveira Barbosa afirmó que había pruebas suficientes de que el territorio de Bau se encontraba dentro de la zona de influencia de la mina, lo que activa una serie de requisitos, entre ellos la consulta libre, previa e informada con la comunidad. El juez mencionó las voladuras y los movimientos de tierra en la mina, así como estudios que sitúan el territorio a unos 2,7 kilómetros de la zona directamente afectada por el proyecto. Sigma ha negado que la mina se encuentre dentro de la zona de impacto. El tribunal ordenó una revisión independiente de la georreferenciación para determinar la distancia e impuso una multa en caso de que la empresa continúe con sus operaciones.

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